La nueva FP: un reto de país
Las prisas nunca son buenas en estos procesos, y me temo que el Gobierno ha planteado un calendario de aplicación de la nueva ley demasiado ambicioso
Nadie pone ya en duda que la formación profesional en España necesita llevar a cabo un completo proceso de transformación y modernización para adaptarse a los tiempos que corren y poder afrontar con garantías de éxito el enorme reto de responder a las crecientes necesidades formativas de las empresas.
Hace unos años, el Gobierno diseñó el Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-2022, que culminó con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la Formación Profesional. Se trata de una ley marco llena de buenas intenciones que dibuja el escenario general en el que deberá desarrollarse este proceso de modernización. Esta ley apuesta definitivamente por el modelo de formación dual, inspirado en la FP alemana, en el que el alumnado se forma alternativamente en el centro educativo y en la empresa a lo largo de todo su proceso de aprendizaje. En comparación con el modelo anterior, el alumnado pasará mucho más tiempo formándose en las empresas, que junto con los centros de formación, diseñan y adaptan el todo el proceso de aprendizaje y se corresponsabilizan en su desarrollo. La ley también contempla la integración de los dos subsistemas de FP: la inicial (la del sistema educativo) y la FP para el empleo (dirigida a personas trabajadoras, ya sea desempleadas u ocupadas), lo que sin duda ayudará a flexibilizar y facilitar el acceso a la formación a lo largo de toda la vida.
En aquellos países que llevan ya años de aplicación del modelo dual (Alemania, Francia, Suiza, Holanda, Austria) este sistema ha demostrado su efectividad, al dar un mayor protagonismo a las empresas para acercar la formación a las necesidades reales del tejido productivo, con el consiguiente impacto en el aumento de la empleabilidad de las personas egresadas de este modelo. Sobre el papel, parece un modelo ideal, en el que todos los agentes salen ganando: las empresas consiguen formar profesionales con un perfil adaptado a sus necesidades; el alumnado consigue una formación mucho más práctica y más ajustada a lo que las empresas requieren, con lo que aumentan sensiblemente sus perspectivas de empleabilidad; los centros y el profesorado se abren aún más a su entorno y modulan la formación de forma permanente, manteniéndola actualizada y ajustada a los nuevos procesos y avances que se vayan produciendo, con un enfoque más práctico y menos academicista; finalmente, la administración consigue mejorar los datos de empleo.
Además de esto, el nuevo sistema apuesta por elementos como la digitalización, el emprendimiento o el inglés técnico, que contribuirán a cubrir lagunas importantes en el currículo de los ciclos formativos, que tanto el empresariado como los centros de formación venían demandando.
La melodía suena bien, pero ahora llega el momento de ponerle letra, de diseñar toda la normativa que desarrolle este modelo y de acompañarla de un ambicioso plan de inversión. No será tarea fácil, dada la complejidad del proceso, en el que deberán intervenir tanto la administración central como las autónomas. Además, para asegurar el éxito del nuevo modelo, en el proceso de diseño y redacción de esta nueva normativa la administración debe contar obligatoriamente con el concurso de todos los agentes involucrados. Las prisas nunca son buenas en estos procesos, y me temo que el gobierno ha planteado un calendario de aplicación de la nueva ley demasiado ambicioso: en el curso 24-25 se implantará el nuevo sistema en los primeros cursos de los ciclos formativos y en el 25-26 en los segundos. En este tiempo, tendremos que pasar del actual 5% al 100% de alumnado en modalidad dual, objetivo que desde los centros percibimos como inalcanzable.
Varios factores juegan en contra de este calendario: por un lado, aún no contamos con currículos actualizados y adaptados a la nueva ley; muchas empresas colaboradoras están comunicando a los centros de formación que se replantearán esa colaboración, debido a la entrada en vigor a partir de enero de 2024 de la obligación de cotización a la seguridad social del alumnado en prácticas (medida ya pospuesta en dos ocasiones); sin duda, esto hará que muchas empresas dejen de estar interesadas en colaborar como centros de prácticas para el alumnado de FP. Esto nos hace más que empeorar el problema de la escasez de puestos de prácticas en empresas, que en algunas familias profesionales como la sanitaria ya es acuciante. Y es que el tejido productivo de nuestro país, mayoritariamente compuesto por pymes y micropymes, no tiene capacidad para abarcar a todo el alumnado de FP en modalidad dual. En conclusión, aunque la renovación legislativa en materia de FP es necesaria, actualmente no se dan las condiciones para poder implementar la nueva ley con garantías de éxito.